Caos y escasez forman parte del legado “rojo rojito” en Táchira, Mérida y Trujillo

La crisis económica y social en Venezuela es generalizada. Táchira, Trujillo y Mérida han estado sujetos a drásticas medidas impuestas por el Ejecutivo nacional, así como por gobernadores oficialistas, que afectaronn principalmente a las franjas poblaciones de escasos recursos, mientras sufren por el deterioro de los servicios públicos, la agudización del desabastecimiento de alimentos y medicinas, así como el aumento del contrabando por su cercanía a la frontera.

El colapso de la infraestructura eléctrica, la escasez del agua por fallas en los sistemas de bombeo y acueductos, la destrucción del parque automotor del transporte público, la incapacidad en la distribución del servicio del gas doméstico, la falta de recolección de los desechos sólidos, y las continuas fallas de Internet y telefonía son parte del “rosario” de problemas de los estados de la región andina.

Escasez de combustible azota al Táchira

Las kilométricas colas para surtirse de gasolina no cesan en Táchira, a pesar de la implementación de un sistema de TAG o “chip” que en nada ha servido para controlar el contrabando; por el contrario, la problemática continúa y afecta a todos los ciudadanos, así como al comercio y al sector turístico.

Aunado a esto, hay que señalar los estragos que causan la corrupción y  inseguridad por su cercanía con la línea limítrofe, ya que según asegura el historiador Walter Márquez, se trata de un coctel caótico ocasionado por distintas circunstancias: la mezcla de contrabando, la disparidad cambiaria entre el bolívar y el peso colombiano, la trata de personas y la llegada masiva de personas provenientes del centro del país buscando “acomodarse” en la frontera, sin mencionar los que forman parte de la migración venezolana, quienes atraviesan por miles la región para emigrar a otros países y ganar dinero en moneda extranjera.

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“La inseguridad es causada por las mismas autoridades en la región, (porque) no se controla”, aseguró Daniel Aguilar, presidente de Fedecámaras Táchira, versión que confirma en sus cifras del mes de abril el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), en el que destacó que el 37,5% de los delitos más graves fueron cometidos por funcionarios de organismos de seguridad, específicamente miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb).

Al no cubrirse ni el 25% de lo que consume el pueblo venezolano, se  desencadena el problema de desabastecimiento de alimentos en la región andina, explicó Aguilar. Es por ello que se han registrado olas de saqueos en los tres estados en el último semestre y desde estos pueblos productores ubicados en la zona temen enviar alimentos a los estados centrales por los constantes asaltos a gandolas y camiones en las carreteras.

Táchira tuvo dos gobernadores oficialistas en 13 años: Ronald Blanco La Cruz, en los periodos 2000-2004 y 2004-2008; y José Gregorio Vielma Mora de 2012 a 2017, mientras que la oposición solo estuvo por cuatro años, con César Pérez Vivas de 2008 a 2012, y actualmente apenas transcurre el primer año de la mandataria adeca Laidy Gómez, cuyo período se extiende hasta el 2021.

Mérida ya no es la ciudad universitaria

La “Ciudad de los caballeros” sostenía su dinámica productiva en la vida universitaria y el turismo, destaca Marcos Delgado, presidente de Fedecámaras Mérida, pero la asistencia a las aulas en el núcleo principal de la Universidad de Los Andes (ULA) ha disminuido en casi 70%, debido a la crisis presupuestaria y deserción de educadores que esta sufriendo esta casa de esudios, y también por los altos costos que representan para los padres en Venezuela enviar a sus hijos a estudiar en Mérida.

El 95% del transporte público se encuentra paralizado en la entidad, lo que significa un atraso que deja aislados a los residentes y visitantes en esta principal zona turística del pais, a lo que se suma la dificultad adicional de que se debe contar con efectivo para cancelar los pasajes.

Los apagones se extienden hasta por 14 horas y hay sectores que no han recibido suministro de agua durante cinco días continuos por fallas en las estaciones de bombeo. Estos factores en conjunto impiden a los prestadores de servicios turísticos garantizar los servicios básicos a los temporadistas.

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Todas este panorama empeoró progresivamente en Mérida luego de que transitaran por la entidad un total de cuatro gobernadores oficialistas: Florencio Porras, Marcos Díaz, Alexis Ramírez y Jehyson Guzmán -algunos electos y otros designados- durante un lapso de 17 años continuos. No obstante, los efectos de la crisis los enfrenta actualmente la gestión del opositor Ramón Guevara, quien será el mandatario municipal hasta 2021. 

La ruina del campo trujillano

La guinda del pastel en Trujillo es la baja producción agrícola, que no supera el 15% de su capacidad, por la escasez de insumos como semillas y fertilizantes. Por ende, los trabajadores del campo están muy lejos de cubrir el 85% de la producción como lo hacían hace dos décadas, de lo cual se beneficiaba el centrooccidente del país. Además, lidian con una vialidad en pésimas condiciones, de acuerdo con información brindada por el representante de Fedecámaras Trujillo, Ricardo Berríos.

El desempleo se ha hecho presente por el cierre paulatino del 60% de los comercios en las ciudades de Valera y Trujillo, precisó, aunado a los pesares con los servicios públicos con la escasez de gas doméstico y las continuas fallas eléctricas, lo que ha ocasionado la migración diaria de los pobladores.

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En la entidad andina el oficialismo ha gobernado durante 18 años continuos, desde el año 2000 al 2017, con tres representantes: Gilmer Viloria, Hugo Cabezas y Henry Rangel Silva, quien resultó reelecto en 2017.

“La pobreza en Trujillo es fuerte, pero si nos ponemos analizar no hay una explicación lógica del comportamiento del trujillano, a quien por un lado han destruido su economía familiar, su fuente de empleo y sigue con un claro acompañamiento al Gobierno nacional. La política del mendigaje en Trujillo ha dado resultado”, argumentó Berríos.

En la opinión del politólogo tachirense Tuto Revelo, es una contradicción que teniendo el chavismo el poder en los estados andinos durante la mayor parte de los últimos 18 años existan graves deficiencias y abandono gubernamental en estos estados.

Al respecto, el experto considera se debe a la corrupción administrativa, por el cambio de los destinos económicos en las entidades y la ineptitud de quienes han ejercido el poder, a quienes responsabiliza por no realizar los respectivos mantenimientos a la infraestructura que permite brindar los servicios públicos.

“Los gobernantes de estos tres estados en los últimos 10 años son copartícipes de la problemática, porque no buscaron solución exigiendo al Ejecutivo los recursos que le correspondían a cada estado. Cayeron en el acto de sumisión ante el Gobierno nacional y se aislaron de la sociedad civil, sin permitir la participación directa de los gremios y las universidades, lo que ocasionó esta situación caótica” expresó por su parte el representante de Fedecámaras Táchira.

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