El 31 de julio de 2019 desde la Sala de Prensa del Palacio de Miraflores, la vicepresidenta Delcy Rodríguez se pronunció sobre la decisión de una corte de los Estados Unidos que ordena el pago de 1.400 millones de dólares a la minera canadiense Crystallex, cuyos activos fueron expropiados y su concesión revocada en 2008 sobre Las Cristinas.
“Crystallex nunca tuvo derechos mineros, nunca tuvo títulos legítimos ni propiedad sobre la mina Las Cristinas, una de las minas de oro más grandes de nuestro continente”, aseguró la funcionaria y agregó: “Es un contrato de operaciones sobre la mina que en ningún caso daba derecho legítimo, ni propiedad a la empresa Crystallex”.
La Unidad de Verificación de Datos y Factchecking de Efecto Cocuyo hizo una revisión de archivos en medios digitales, bibliográfica, jurídica y con expertos para aclarar la exactitud de estas frases.
Vistazo rápido
Si sólo tienes unos minutos, aquí resumimos los hallazgos.
- Crystallex y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) firmaron un contrato de operaciones sobre los bloques 4, 5, 6 y 7 de Las Cristinas en 1992, después que se vencieran las primeras concesiones de 25 años en 1989 y de revocarle la concesión a Placer Dome tras dos años de paralización de las obras de exploración y explotación.
- En 2003 el Tribunal Supremo de Justicia aceptó una petición de nulidad de este contrato por parte de Placer Dome que le daba derechos de exploración y explotación a Crystallex.
- En 2008 se le rescindió el contrato a Crystallex, señalando violación de normativas ambientales, que la empresa señaló como fuera de su control, sino responsabilidad del Ministerio de Ambiente.
- Según la Ley de Minas, un derecho minero nace de la delimitación geográfica del espacio a explorar y que al ser un derecho inmueble se puede enajenar, arrendar o traspasar.
- Aunque Crystallex firmó un contrato de operaciones, este era en un área específica en Las Cristinas, lo que derivaría en derechos mineros por este terreno donde se le permitía operar, pero como desde el año 2000 solo la CVG era dueña de las concesiones, es discutible precisar si hubo o no una concesión
Historia de Las Cristinas
En el libro “El Caso Las Cristinas – Sobre el intento de despojo de las minas de oro más ricas de Guyana”, publicado en 1998 por Editorial Jurídica Venezolana con edición y coordinación del abogado Allan Brewer Carías, se hace un repaso cronológico de las concesiones mineras relacionadas con Las Cristinas.
Se narra que en 1964 se le dieron derechos mineros por 25 años sobre la mina a la señora Dot Culver Whiteney De Lemon, quien bajo contrato de arrendamiento cedió el área concedida al minero Amalfi Grossi Gatti. El señor Grossi hizo lo mismo con varios particulares y empresas, entre ellas la compañía registrada como Inversiones MAEL, C.A.
En 1982 cuando la señora De Lemon quiso recuperar el control de las minas demandó en tribunales a Grossi pero no pudo pagar los honorarios profesionales a su abogado, quien entonces la demandó por los 259 mil bolívares que le adeudaba, convirtiéndose en su acreedor. Entonces ella consiguió un segundo abogado, con quien intentó de nuevo retomar control sobre los derechos mineros otorgados.
Empieza el primero de los choques legales de una larga batalla judicial, como es narrada también en el artículo “That Saga That Is Las Cristinas” de Michael Werbowski, publicado en febrero de 2006 en WorldPress.org. Como el libro de Brewer Carías, narra que ambos abogados, por su cuenta, cedieron los derechos de la señora De Lemon a un minero local de nombre Ramón Torres.
Batalla legal
Con la muerte de la señora De Lemon, en 1986 empezó una batalla por parte de Inversiones MAEL para lograr que el Ministerio de Energía y Minas publicara una resolución en Gaceta Oficial que le certificara la concesión sobre cuatro minas de Las Cristinas 4, 5, 6 y 7, que había obtenido la pareja Lemon. Sin embargo, la institución se negó por incumplimiento de la Ley de Minas que exige que cada traspaso le sea notificado previamente.
En 1989 se extinguieron las concesiones entregadas a la señora De Lemon. Entonces Inversiones MAEL interpuso un recurso de nulidad en la Corte Suprema de Justicia, logrando en 1992 una fallo a su favor contra el Ministerio de Energía y Minas, que ordenaba anular el traspaso a Ramón Torres y realizar una publicación de aviso de traspaso de las minas 4 y 6 de Las Cristinas, basado en la falta de notificación previa por parte de De Lemon y Torres.
Narra Brewer Carías que esta sentencia se emitió sin conocer que el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil del Distrito Federal había declarado la herencia de De Lemon como vacante, al no tener beneficiarios, el 6 de febrero de 1991, lo que extinguió todo reclamo y concesión.
Hagamos un trato
Cuando la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) tomó control de esas concesiones extinguidas en 1992, firmó un acuerdo con Inversiones MAEL con el que le compensaba con un área de más de 3 mil hectáreas para explotar oro y diamantes mientras la empresa aceptaba desistir de su reclamo, así como de ejercer la sentencia obtenida.
Concepción Suárez, quien ocupó los cargos de Directora de Minas, Planificación y Economía Minera del Ministerio de Energía y Minas, así como Vicepresidenta de Minería y Gerente de Promoción Minera y Pequeña Minería de la CVG, contó a Efecto Cocuyo que además se firmaron convenios registrados y notariados con todas las personas naturales y jurídicas que demostraron tener algún derecho, con la condición de desalojar Las Cristinas y desistir de demandas de derechos en dichas áreas.
Así la CVG pudo otorgar la concesión de Las Cristinas, libre de actividades mineras, a la empresa canadiense Placer Dome, con la que conformó la empresa mixta MINCA (Minera Las Cristinas) en la que conservó el 30% de las acciones con el compromiso de brindar una línea eléctrica desde Macagua, lo que no se cumplió.
Al aceptar la compensación, MAEL convino en renunciar a cualquier reclamo. Pero narra el libro de Brewer Carías que la empresa cambió de accionistas, y de abogados, retomando la exigencia de hacer valer la sentencia que ordenaba al Ministerio de Energía y Minas reconocerle la cesión de la concesión. Lo que no dice el abogado es que esos nuevos dueños eran Crystallex, que habían comprado MAEL en 1997 con la esperanza de así obtener los derechos mineros reconocidos en la sentencia.
Los enredos judiciales y las maniobras accionarias aumentaron. MAEL-Crystallex y MINCA demandaron ser los concesionarios legítimos.
MINCA había detenido sus trabajos de exploración y explotación de minerales en julio de 1999 para emprender la búsqueda de financiamiento con autorización de la CVG, pero se le rescindió el contrato dos años después cuando las obras no iniciaron. Y le negaron el amparo por haber hecho un traspaso sin haber realizado el aviso previo, como reza la Ley de Minas.
Vannessa contraataca
La empresa de inversiones canadienses Vannesa Ventures entró al juego. Las fuentes consultadas difieren sobre si esta empresa tenía o no relaciones con algunos de los particulares y empresas a las que Grossi les había subarrendado áreas en Las Cristinas. Su director, Erich Rauguth, era un conocido broker de activos mineros con intereses en Venezuela.
En una maniobra realizada en bolsa, Placer Dome le vendió su participación en MINCA a Vannessa Ventures -usando ambas empresas off shore- por el monto simbólico de 50 dólares. El New York Times reseñó el anuncio de Placer Dome de vender su participación a Vannessa el mismo día que Venezuela anunció que le revocaron la concesión.
La CVG rescindió el contrato con MINCA por esta operación búrstail, por ceder una concesión sin aviso previo. En marzo de 2002 el Tribunal Supremo de Justicia falló en contra de estos reclamos, y Vannessa-MINCA fue al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), reclamando daños por mil millones de dólares. El tribunal determinó el 17 de enero de 2013 que Venezuela no violó el Tratado Bilateral de Inversión entre Venezuela y Canadá.
Suárez lo corrobora. “MINCA argumentó la baja del precio internacional del oro y las demoras para obtener los permisos ambientales. El gobierno se molestó, trató de obligar a Placer Dome a continuar pero la empresa se negó, por lo que las relaciones se tornaron difíciles”.
Entra Crystallex
En un acto público realizado en 2002, el presidente Hugo Chávez anunció la entrega de concesiones en Las Cristinas a Crystallex, la cual ya tenía los derechos mineros en Brisas del Cuyuní, explica un exasesor de la empresa que prefiere el anonimato.
Seis años después se expropiaron los depósitos e infraestructura minera que se le había vendido a Crystallex, así como otros derechos que ya tenía la minera en las minas de Payapal, El Danto, Albino 1 y Carabobo, detalla el experto consultado por Efecto Cocuyo.
“De allí se aprovecha Crystallex para reclamar indemnización, al mezclar unas concesiones anteriores con la expropiación de activos en Las Cristinas que construyó Placer Dome y se le vendieron”, advierte.
Concede que “hay dudas sobre los derechos mineros de Crystallex sobre las concesiones originales en Las Cristinas, éstas deberían ser de la CVG” pero dice que no las hay “sobre los activos si el contrato fue rescindido tempranamente mientras Crystallex había cumplido sus obligaciones”. Estima que no deberían valer más de 500 millones de dólares.
Historia comprobada
De acuerdo al artículo “El Oro en Imataca” del PhD Julio César Centeno, publicado por varios portales como Aporrea y EcoPortal en octubre de 2004, el contrato entre la CVG y Crystallex se firmó a finales del año 2000, contemplando el pago de regalías al Ministerio de Energía y Minas, equivalentes a 3% de los beneficios de la operación, así como una regalía adicional según el precio del oro. Crystallex se reservaba el control total de los recursos y del proyecto.
Así mismo, cuando en 2002 la Asamblea Nacional, bajo control del chavismo, declaró que la entrega del contrato a Crystallex estuvo ajustada a derecho, también se corroboró el historial de sucesiones. El entonces presidente de la CVG, Francisco Rángel Gómez, detalló el cumplimiento de los acuerdos con la empresa canadiense, incluyendo el 3% de impuesto de explotación, entre 1% y 3% de regalía para la CVG y pago de Impuesto Sobre La Renta sobre el 34% de los ingresos.
De acuerdo con Centeno, Crystallex pagó 15 millones de dólares por los activos que les quitaron a MINCA, así como por los estudios de explotación, mientras que ésta (ahora propiedad de Vannessa Ventures) reclamaba haber invertido más de 170 millones de dólares en estudios que certificaban la existencia de 11 millones de onzas de oro, así como tener los derechos mineros sobre Las Cristinas y haber sido despojada ilegalmente por la CVG, señalando además que Crystallex no cumplía con el Código de Comercio sobre corporaciones extranjeras.
Centeno corrobora lo señalado en el libro de Brewer Carías sobre la creación de la mixta MINCA con Placer Dome y CVG en 1992, así como la venta de ésta por solo 50 dólares a Vanessa Ventures. Esta movida fue calificada por el entonces presidente de la CVG, Rangel Gómez, como “un serio fraude a la Nación Venezolana”.
Exprópiese
Después del anuncio de expropiación de 2008, según reseñó entonces BBC Mundo, Crystallex dijo que desde 2003 el proyecto estuvo paralizado por falta de permisos ambientales -lo que ya había sucedido con MINCA- mientras el Ministerio de Ambiente dijo que se los negó por “asuntos sensibles en relación con las poblaciones indígenas, pequeños mineros y el medio ambiente”.
En febrero de 2011 la empresa recibió un aviso de 90 días para entregar el control de Las Cristinas, después de haberles entregado formalmente la decisión de rescindir el contrato. Reiteraron la falta de permisos ambientales, única razón que mantuvo detenida la explotación.
El economista Alejandro Grisanti, nombrado por la Asamblea Nacional como parte de la directiva ad-hoc de Pdvsa, explica que fue la expropiación de Chávez la que inició el conflicto que desembocó en la demanda de Crystallex contra activos de Citgo.
Empiezo un hilo con algunas aclaratorias sobre el caso Crystallex:
— Alejandro Grisanti (@agrisanti) July 31, 2019
Conceptos legales
La firma venezolana de abogados Badell & Grau, que tiene 30 años asesorando entes y órganos del poder público, así como a empresas privadas y particulares en sus relaciones con el Estado, publica en su página web una revisión de conceptos basados en la legislación minera vigente en el país.
En este glosario se señala que los “derechos mineros” son “temporales y se circunscriben a los límites geográficos establecidos por la ley”, mientras que un “derecho derivado de la concesión es un derecho real inmueble, por lo tanto su titular podrá enajenarlo, gravarlo, arrendarlo, subarrendarlo, traspasarlo o celebrar subcontrataciones siempre que la negociación sea previamente aprobada por el Ministerio de Energía y Minas”.
Sentencia sobre derechos
En la sentencia nº 28 de Tribunal Supremo de Justicia – Juzgado de Sustanciación – Sala Político Administrativa, de 27 de Marzo de 2003, entre los argumentos esgrimidos por la jueza para sentenciar la necesidad de Crystallex y la CVG de presentarse ante su despacho por el reclamo de MINCA, está el otorgamiento de derechos asociados a la firma del contrato.
Reza la sentencia lo siguiente: “En el caso que nos ocupa, se trata de una empresa (MINERA LAS CRISTINAS, C.A.) que pretende la nulidad del contrato celebrado en fecha 17 de septiembre de 2002, entre la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y la sociedad mercantil Crystallex International Corporation, mediante el cual se le otorgó a la nombrada sociedad mercantil el derecho para efectuar todas las inversiones y trabajos necesarios para reactivar y ejecutar en su totalidad el proyecto minero de Las Cristinas 4, 5, 6 y 7, a propósito de la revocatoria que se le hizo de este contrato en fecha 6 de noviembre de 2001”.
Al respecto apunta Suárez que “después de la caducidad de las concesiones en Las Cristinas, ninguna empresa que ha trabajado ha recibido “derechos mineros reales” que otorga el título de una concesión minera, sino bajo la figura de “contratos operativos” celebrados con la CVG. Esto se debe a que en el año 2000 la CVG recibe por Decreto Presidencial la asignación de la actividad minera del oro y el diamante en la Región Guayana para su ejercicio directo o para su contratación con terceros”.
Veredicto
Vista la cronología de las concesiones de Las Cristinas, las explicaciones dadas por la exfuncionaria de CVG y el exasesor de Crystallex, así como la tradición legal sobre las mismas, se concluye que la frase dicha por la vicepresidenta es discutible.
Mientras el Ciadi sentenció que Venezuela debía 1.400 millones de dólares la expropiación de activos y los negocios de Crystallex en Venezuela, la sentencia No. 28 del TSJ de marzo de 2003 habló de “derechos” adquiridos por Crystallex al firmar el contrato que le permitía invertir y reactivar trabajos de explotación.
Así que, aunque a Crystallex se le dio un contrato para explorar y explotar el área de Las Cristinas, bajo control de la CVG, no queda claro si esto implicaría derechos mineros, considerando que hubo una demarcación geográfica y que la ley habla de derechos inmuebles sobre un área física delimitada.
Es decir, no sólo tenía permisos para la infraestructura sino de explorar y explotar en Las Cristinas.